Contemplamos con especial preocupación la puesta en marcha del Arco Minero del Orinoco, aupado por el Gobierno nacional, puesto que atenta contra el medio ambiente y las riquezas nacionales no renovables de la nación. PROVEA, presenta el audiovisual Extractivismo en Venezuela: las venas siguen abiertas, una producción con el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA y el Laboratorio de Paz, que explica qué es el extractivismo y el impacto que ha tenido esta actividad en la economía venezolana, utilizando como caso emblemático el Arco Minero del Orinoco.

En la pieza, dirigida por Juan Pablo Núñez, se pueden apreciar testimonios de líderes indígenas, biólogos y activistas en la defensa de los derechos originarios.

Los invitamos a reflexionar acerca de este problema que nos concierne a todos como ciudadanos y a tomar conciencia al respecto.

Pueden ver el video en este link: http://www.humanoderecho.com/2016/08/audiovisual-extractivismo-en-venezuela.html

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El Gobierno se hace acreedor de sanciones por actuar como transgresor ambiental y violador de derechos al imponer de facto una moratoria ambiental

 

Daños a recursos naturales y destrucción de valores socioambientales -de obligada protección nacional e internacional- serán la consecuencia directa de las actividades degradadoras contempladas en el Proyecto Arco Minero que el Gobierno pretende ejecutar en el sur de Venezuela.

Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales Ambientales suscritos previamente por Venezuela son incumplidos por el Estado en abierta violación de derechos colectivos y difusos de carácter ambiental, sanitario y socio-antropológicos.

Difícilmente podrá el Gobierno invocar la soberanía nacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos del país, siendo que el llamado Arco Minero acelerará el cambio climático mundial, afectará la capa de ozono del planeta, incrementará procesos de sequía, desertificación y migraciones masivas e inhumanas de poblaciones rurales e indígenas.

El Arco Minero implica afectación negativa sistemática de la atmósfera, de las masas forestales y los ríos, daños materiales a la agricultura y asentamientos agrícolas, destrucción irrecuperable de fuentes de energías renovables y de suministros eléctricos industriales y domésticos. Hechos estos que violan flagrantemente la necesarísima  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El Gobierno – con el anunciado Arco Minero- estaría arrastrando a la República y Nación venezolana a incurrir en violación de obligaciones para mitigar, reducir y evaluar efectos de la contaminación atmosférica, incluidos los daños en la salud de la población y de la biodiversidad en el territorio nacional. De hecho, provocaría contaminación atmosférica transfronteriza. Incumple deberes de Estado con el cambio climático y se aleja de obligaciones para asegurar el desarrollo humano de nuestra generación y de las generaciones futuras.

En proyecto Arco Minero contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas. Nadie ignora  que cuando se realiza minería extensiva en zonas de bosque ello constituye un factor de depredación de los mismos y de agresión a los pueblos asentados por años en esos territorios.

El Gobierno puede argumentar que el arco minero es necesario para ingresar divisas a las arcas públicas; pero lo que puede argumentarse es que sea sustentable, ya que es una actividad basada en la extracción de recursos no renovables y, por tanto, no sustentable ni ambiental ni socialmente.

Cuando el Arco Minero contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica genera impactos directos con el despeje de tierra -construcción de rutas de acceso, perforaciones de exploración, tajos resultantes de la operación a cielo abierto o la construcción de embalses de relave-, o descargas directas a los cuerpos de agua, descarga fluvial de relaves, o al aire (tal como el polvo o las emisiones de fundición).

Este 2016, la convención de Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar)   tomó como lema Humedales para nuestro futuro: medios de vida sostenibles, para crear conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas en la pesca, cultivo de arroz, turismo e, incluso, el suministro de agua, en todo el mundo. Pero, el Arco Minero afectará humedales, que abarcan “ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas”.

El proyecto Arco Minero transgrede la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural que tiene como objetivo contribuir a la protección y conservación de los monumentos, los conjuntos y los lugares culturales, así como las formaciones geológicas y fisiográficas, los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional.

Contra toda norma nacional e internacional vigente en el país, el Gobierno pretende utilizar la pobreza y la desesperación de la población venezolana para atentar contra el ambiente y legalizar megaproyectos devastadores del territorio.

Con su proyecto de Arco Minero violenta la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica ambiental y social venezolana, latinoamericana y mundial; y también atenta arbitrariamente contra la conservación y protección ambiental, contra las normas de no regresión y progresividad en materia ambiental, y burla la separación de poderes.

•El educador y planificador ambiental Hernán Papaterra asegura que con el megaproyecto Arco Minero se incurre en actos de injusticia ambiental, se propicia inseguridad humana y se suman a la atmósfera terrestre toneladas equivalentes de CO2 incrementando el cambio climático mundial.

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Gracias a Alejandro Álvarez Iragorry por compartir esta valiosa y alarmante información de la Dra. Nalúa Rosa Silva Monterrey, Coordinadora del Centro de Investigaciones Antropológicas de la UNEG. A continuación el relato:

Sobre el Arco Minero y los Pueblos Indígenas

En los años 90’s  hubo toda una discusión sobre la minería ilegal en la cuenca del río Caroní dado que la sedimentación producto de esa actividad estaba afectando severamente el funcionamiento de la represa de Guri. A finales de dicha década se propuso incluso el trasvase del río Caura al río Paragua lo que produjo una alarma a nivel nacional por las severas consecuencias que un plan de ese tipo tendría en las comunidades indígenas y en la biodiversidad de la región. Afortunadamente dicho plan fue desdeñado y surgió la auto-demarcación de la Cuenca del Río Caura, como hábitat de comunidades indígenas, a fin de garantizar tanto la protección del medio ambiente como el reconocimiento y protección a las culturas autóctonas que allí viven. Este proyecto sirvió de inspiración para la realización de auto-demarcaciones a nivel nacional y el reconocimiento territorial indígena en la Constitución del 99.

En el año 2006, una invasión minera incontrolada originó protestas y acciones a nivel nacional que llevaron a su control intermitente. Sin embargo, a pesar de las acciones indígenas, de los aliados y del gobierno hasta el 2011, para controlar dicha actividad, ha sido imposible erradicarla.

Nosotros, que hemos trabajado en el Caura desde finales de los ochentas, hemos visto desde la incursión minera una cambio radical en la organización social ye’kwana y la contaminación de un ambiente otrora prístino. En la actualidad las relaciones de reciprocidad que mediaban los intercambios han sido sustituidos por el dinero, ahora se compra- no se comparte o regala-, ahora hay trata de personas, se oprime y se prostituye, ahora no se puede tomar agua del río, ahora no se puede consumir el pez aymara ni otros peces, ahora animales lejos de la mina están contaminados, ahora nacen muchos niños con malformaciones y otros mueren durante el embarazo o al nacer, ahora los jefes y los Consejos de Ancianos no son respetados pues vale más el que tiene dinero o lo que deciden los Consejos Comunales; ahora las comunidades pelean y se dividen entre las que quieren y las que no quieren la minería, ahora no hay tranquilidad en la zona pues está invadida por personas extrañas nacionales y extranjeras, que dan miedo y que meten miedo, ahora la mayoría de los ye’kwana y sanema (según estudio de la UDO) tienen 40 veces más mercurio en pelo que lo máximo permitido por la Organización Mundial de la Saludahora hay uno o dos suicidios mensuales de jóvenes.

Un especialista nos dijo que si se parara totalmente la minería en la cuenca del Caura en este momento, se tardaría por lo menos treinta años para su recuperación. Un grupo de profesionales vinculados con la región, conjuntamente con la organización Kuyujani nos dirigimos al Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar y nos reunimos con su directiva el año pasado, la cual se mostró alarmada por esta situación y comprometida a buscar solución. A pesar de las buenas intenciones aún no se ha hecho nada.

Al contrario, vemos con horror la aparición de este proyecto de Arco Minero y la posterior  creación de una Comisión en la cual se insta a los indígenas a hacer minería asumiendo su protección en la realización de esta actividad.

El Arco Minero comprende tanto la margen derecha como la margen izquierda del Orinoco y va desde el río Apure (tierra de los Pumé) pasando por Palital (zona Kari’ña frente a Ciudad Guayana) hasta el límite con el Estado Delta Amacuro en Barrancas (Zona Warao) por la margen izquierda; y luego entra hacia la margen derecha del Orinoco, hacia el Cuyuni (zona Arawak, pemón y kari’ña), a la zona de influencia del Parque Nacional Canaima (Pemón), al río Paragua (afluente del Caroní - Pemón, Sapé, y tierra de los últimos Uruak y Arutani) y luego cae al Aro (zona Kari’ña) desde donde avanza hacia la cuenca del Caura (zona ye’kwana, sanema), la traviesa y sigue hacia el Monumento Natural Sierra de Maigualida (zona Hoti) hacia el Cuchivero (zona Eñe’pa-Panare) y va hacia el Parguaza (zona Wanai –Mapoyo, Piaroa) de donde regresa al punto original en donde también hay ocupación estacional Hiwi. Después de la experiencia del Caura, y de los efectos documentados de la extracción minera en las zonas indígenas, nos preguntamos si lo que realmente producirá este proyecto no es la desaparición masiva de los pueblos indígenas de la región, su aún más acelerado etnocidio, y la intervención de áreas protegidas de larga data como el  Parque Nacional Canaima, Monumento Ichún-Guanacoco, Zona Protectora Sur del Estado Bolívar, Reservas Forestales de la Paragua y del Caura, Monumento Natural Sierra de Maigualida, así como la sedimentación y contaminación masiva del embalse del Guri, todas ABRAE dentro del Arco Minero.

Algunos indígenas (no todos) podrán ponerse de parte de los intereses del gobierno, eso se entiende después de una política (que como bien ha señalado el Dr. Aguilar en este foro) ha co-optado a la mayoría de la dirigencia indígena. Los indígenas tienen sus propias voces, tienen derecho a fijar su posición a favor o en contra, y también tienen derecho a equivocarse. Pero nosotros los que les hemos acompañado en sus luchas, los que hemos reflexionado sobre ellos, los que entendemos el valor de la diversidad cultural, no podemos quedarnos mudos, ni podemos, como dijo El Libertador en Angostura- ser instrumento ciego de su propia destrucción. Nosotros tenemos la obligación de hacer escuchar nuestra voz de protesta y de alarma frente a un proyecto  etnocida que conllevará la destrucción del legado en oxígeno, agua, bosques, biodiversidad y patrimonio cultural de ellos y de todos nosotros.

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Foto: Transparencia Venezuela

Desde ASOPRODEM  condenamos la instauración del denominado Arco Minero, creada por el Gobierno Nacional como alternativa a la actividad petrolera, puesto que representa una amenaza al ecosistema del sur del país y a la calidad de vida de la población.

El decreto, emitido sin consulta o participación previa de los ciudadanos, pretende explotar el suelo venezolano bajo la excusa de posicionar al estado Bolívar como alternativa  económica no petrolera,  sin considerar las consecuencias ambientales que conlleva. Quedan en el aire interrogantes como ¿sobre quién recae la responsabilidad del deterioro ambiental que producen este tipo de actividades?, ¿cómo cambia el estilo de vida de las comunidades locales?, ¿existe marco legal que regule la extracción?

Si tomamos en cuenta la nula actuación del Gobierno frente a las mafias mineras que han cometido ecocidio en territorio venezolano, entonces ya sabemos la respuesta, preguntándonos con mucha preocupación si estas concesiones son un premio a las corporaciones que ya han saqueado las riquezas del país. Según cita el Informe sobre Extractivismo en Venezuela de la organización Laboratorios de Paz (2015), el gobernador del estado indígena de la etnia Baniva afirmó que “la explotación ilegal de oro se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos”.

Para Alexander Luzardo, especialista en derecho político ambiental y autor de las normas ambientales de la actual Constitución Nacional: “gran parte del cianuro y mercurio contaminarían el Orinoco, el Delta sería afectado, además incrementarían los casos de dengue con las deforestaciones en la zona (…) Toda práctica de minería es incompatible con suelos frágiles”.

La deforestación causada por la minería ilegal en la región amazónica se estima en 1.100 km² al año, además de los cráteres que se cavan durante el proceso pueden llegar a medir 150 hectáreas de extensión y hasta 500 metros de profundidad, provocando a su paso el envenenamiento de la fauna silvestre.

Debemos evitar este ataque contra el ecosistema venezolano, que además atenta contra los derechos humanos de las comunidades aledañas a la zona. Es nuestro deber como sociedad preservar las riquezas de nuestro país y el medio ambiente, así como promover el desarrollo de alternativas sostenibles.

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Caracas, 29 Feb (Notimex).- El plan del gobierno venezolano de abrir concesiones mineras en el sur del país para compensar la caída de los precios del petróleo es preocupante porque podría causar un daño al ecosistema en el largo plazo, advirtió el ambientalista Erik Quiroga.

"Se habla de la explotación minera del escudo guyanés, especialmente de oro. Este es un tema muy sensible porque son ecosistemas muy delicados que pueden ser afectados irreversiblemente por la minería", explicó Quiroga en diálogo con Notimex.

Quiroga sostuvo que "es muy importante estudiar el impacto que estas concesiones podrían tener en la contaminación del río Orinoco o en la sedimentación del (embalse) Guri", ubicados en la región de Guayana.

El promotor de la creación del Día Internacional de la Capa de Ozono recordó que "el Orinoco es la tercera fuente de agua del planeta", mientras la represa hidroeléctrica de Guri genera 70 por ciento de la electricidad de Venezuela.

La explotación del "arco minero del Orinoco" fue anunciada la semana pasada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien la presentó como un "motor" para la reactivación de la alicaída economía venezolana.

El gobierno espera recibir importantes ingresos en divisas por las concesiones de áreas para la explotación minera, luego de que en los últimos dos años el precio del petróleo, principal producto de exportación venezolano, se desplomara.

La caída de los precios del petróleo causó una profundización de la crisis económica que sufre Venezuela, que ahora atraviesa una situación de inflación desbordada, escasez de productos básicos y recesión.

Quiroga subrayó que la crisis económica ha empujado al gobierno a contemplar estas concesiones mineras como alternativa, pero advirtió que "la urgencia económica de corto plazo puede causar una afectación a largo plazo del ecosistema".

Al respecto, señaló que en las explotaciones de oro y otros minerales suelen usarse elementos químicos como el mercurio, que son altamente nocivos para el medio ambiente y la salud del ser humano.

La región de Guayana es rica en selvas, caídas de aguas, ríos caudalosos y tepuyes, por lo que Quiroga cuestiona que el gobierno prefiera desarrollar la minería como alternativa, en vez que inclinarse por un plan en el mediano plazo inclinado hacia el turismo.

"Guayana es una de las regiones más hermosas del mundo, entonces uno se pregunta ¿por qué en vez de desarrollar la minería no se desarrolla el turismo? Por ejemplo", indagó Quiroga, quien espera que el tema sea sometido a un debate "abierto" próximamente.

El anuncio de Maduro se produjo justo después de que Quiroga anunciara que impulsaría una iniciativa para conceder un récord Guinness por poseer la mayor cantidad en el mundo de tepuyes, las mayores y más antiguas formaciones rocosas del planeta.

NTX/I/RRV/BGG/

Fuente: Notimex

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El Observatorio de Delito Organizado de la asociación civil Paz Activa presenta el manual Materiales de sangre  –la extracción, tráfico y contrabando de materiales estratégicos (oro, diamantes, coltán y gasolina) en Venezuela, el primero de la colección Monografías Visibilizando el Delito Organizado, que tiene como propósito dar a conocer cómo sus diferentes modalidades pueden afectar a la sociedad.

Su autor, el abogado y experto Fernando Fernández, presenta y visibiliza, con una precisa visión legal, lo que está ocurriendo en apartadas zonas del país, o en sus fronteras, con la extracción de materiales estratégicos, copados por la delincuencia organizada. 

Haz clic en la imagen para descargar el archivo en PDF.

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