Este año se han registrado ocho crímenes ecológicos en el país

8_crimenes_ambientalesLa larga lista de denuncias hechas en el primer semestre del año demuestra que el Ministerio de Ambiente y los gobiernos regionales y locales han permitido la violación sistemática de las normas ambientales, en detrimento de la salud de los venezolanos. Por lo menos ocho crímenes ecológicos han sido reportados este año en el país.

La lista la encabezan los seis derrames petroleros que afectaron ríos y plantas potabilizadoras de agua, sin que se hayan divulgado estudios posteriores que permitan si el líquido es apto para el consumo humano.

Le siguen las denuncias por la instalación de plantas procesadoras de concreto y cemento en varias urbanizaciones de Caracas para surtir de la mezcla a las construcciones de la Gran Misón Vivienda Venezuela que edifica el Gobierno central, pese a que el polvo afecta la salud de los vecinos de esos sectores.

Además, la mayoría de esas construcciones se realizan en áreas bajo régimen de protección especial. También se ha denunciado que el embalse Pao-Cachinche en el centro del país recibe agua del lago de Valencia, aunque varios expertos señalaron que está contaminado.

Pese a las iniciativas de activistas y particulares para que se corrijan los poblemas, los señalamientos son desatendidos de manera recurrente.

Diego Díaz Martín, presidente de Vitalis, afirma que la falta de controles no es exclusiva del Ejecutivo nacional y destaca la corresponsabilidad del resto de los poderes públicos.

"La gestión no debe verse a escala nacional únicamente. Los organismos no han sabido coordinarse con responsabilidad. La gestión ambiental compartida debe llevarse del dicho al hecho", dijo.

Milagros Villafañe, presidenta del Movimiento Iniciativa de los Consumidores que agrupa a varias ONG ambientales, considera que los señalamientos por contaminación no son escuchados.

"Aquí hay una cadena caracterizada por la falta de planificación: las concreteras, las montañas de coque, la contaminación del Caroní, la falta de mantenimiento en La Mariposa, la construcción de viviendas donde les da la gana. Quisiéramos saber si la política del Gobierno es la defensa del medio ambiente o es todo lo contrario", expresó.

Villafañe denunció la pretensión gubernamental de aplicar la normativa a la inversa cuando se señala que el denunciante es quien debe probar que existe contaminación.

"La función de los ciudadanos es denunciar y la de los gobiernos es demostrar que el agua que se debe tomar es apta, que no hay afecciones pulmonares por coque o por las concreteras, que no hay contaminación por la bora en La Mariposa. El usuario es el débil jurídico y el Estado debe probar que no hay contaminación", subrayó.

Sin respuestas

Los ciudadanos no son los únicos desairados cuando hacen una denuncia ambiental. Las peticiones de los órganos contralores también son ignoradas flagrantemente.

La Contraloría General de la República solicitó al Ejecutivo nacional en 2010 un informe sobre la calidad del agua potable en el centro del país, luego de reconocer que había contaminación. Sin embargo, no hubo autoridad que hiciera cumplir la demanda.

Edison Durán, director general del Movimiento por la Calidad del Agua, recuerda que se obvió la solicitud y también se violó la Ley de Aguas y la Constitución, cuando el Ejecutivo autorizó el aumento del transvase.

"La carta magna establece que cualquier obra que genere efectos sobre la población debe ejecutarse con un estudio de impacto ambiental. El Pao- Cachinche surte a más de 3 millones de personas. Sin embargo, se hizo el transvase de aguas no tratadas sin haber realizado el estudio", expresó.

Díaz Martín, el vocero de Vitalis, señaló que la deuda en materia ambiental en Venezuela es extensa e incluye la gestión de desechos sólidos.

Agregó que también está pendiente el monitoreo de los pasivos ambientales y pidió que se preste atención a los generadores de electricidad que son contaminantes porque usan diesel. Advirtió del problema del tráfico de animales y plantas en las carreteras.

Su visión coincide con la de Milagros Villafañe, que recuerda que la administración de los desechos sólidos está pendiente: "Pese a que se reformó la ley en 1999 y se prometió la eliminación de los vertederos a cielo abierto en 2010, no se ha hecho nada. En Venezuela hay sólo cuatro rellenos sanitarios.

El problema de contaminación por el coque se debe a la falta de mantenimiento y planificación. El Gobierno debe responder por eso".

Pozo entre garceros

Cerca de 200 especies animales tienen su hábitat en el hato El Cristero, en el estado Barinas. Bajo esa tierra hay un yacimiento petrolero, que será explotado cuando se termine la perforación del pozo SPW-1X2.

La finca fue fundada hace 30 años y tiene un laboratorio natural para la reproducción de especies autóctonas. A través del blog http://hatocristero.blogspot.com Humberto Concha hijo ha advertido de la amenaza que se cierne sobre el área desde marzo pasado.

La página muestra varias cartas dirigidas a Pdvsa, Ministerio de Ambiente y otras autoridades nacionales y regionales con el propósito de evitar que el reservorio sea destruido para dar paso al pozo. Las denuncias se suman a las hechas por activistas ambientales en todo el país. No hay estudios que determinen el daño al hato y las especies.

"Necesito dejar asentado e informado que el pozo SPW1x2 se va a construir a tan sólo 170 metros del mencionado garcero de dormitorio y de la laguna emblemática que ha recorrido el mundo entero con sus imágenes en videos y fotografías como representación y promoción turística de los llanos venezolanos, siendo inclusive parte de la imagen corporativa de Barinas, que también alberga un amplio reservorio de chigüires, iguanas y reproducción de los caimanes de anteojo. Este lugar es sin duda una zona de riego para la extensa fauna que la circunda.

Incluso, a 300 metros se encuentra el garcero de postura que en este momento está en periodo de incubación y desove, donde hay gran variedad de garzas, cotúas, patos cuchara, zamuritas y posiblemente corocoras", señala.

Lista roja

La ONG Provita participará en la elaboración de las listas rojas de los ecosistemas cuya misión es llamar la atención sobre el daño al medio ambiente, y llevarán el caso de Venezuela a instancias internacionales.

La herramienta es inédita en el mundo y está basada en listas similares que informan de la extinción de especies de flora y fauna.

Los biólogos Franklin Rojas Suárez, Diego Giraldo y Tina de Oliveira participarán en la primera reunión convocada en la Universidad Javeriana de Bogotá, con el fin de listar los daños a los ecosistemas desde la Patagonia hasta Alaska. El estudio ayudará a comprender la pérdida de área y las evidencias de degradación.


Fuente: El Nacional.