El Arco Minero representa una amenaza para el ecosistema del país

Foto: Transparencia Venezuela

Desde ASOPRODEM  condenamos la instauración del denominado Arco Minero, creada por el Gobierno Nacional como alternativa a la actividad petrolera, puesto que representa una amenaza al ecosistema del sur del país y a la calidad de vida de la población.

El decreto, emitido sin consulta o participación previa de los ciudadanos, pretende explotar el suelo venezolano bajo la excusa de posicionar al estado Bolívar como alternativa  económica no petrolera,  sin considerar las consecuencias ambientales que conlleva. Quedan en el aire interrogantes como ¿sobre quién recae la responsabilidad del deterioro ambiental que producen este tipo de actividades?, ¿cómo cambia el estilo de vida de las comunidades locales?, ¿existe marco legal que regule la extracción?

Si tomamos en cuenta la nula actuación del Gobierno frente a las mafias mineras que han cometido ecocidio en territorio venezolano, entonces ya sabemos la respuesta, preguntándonos con mucha preocupación si estas concesiones son un premio a las corporaciones que ya han saqueado las riquezas del país. Según cita el Informe sobre Extractivismo en Venezuela de la organización Laboratorios de Paz (2015), el gobernador del estado indígena de la etnia Baniva afirmó que “la explotación ilegal de oro se hace de alguna manera con el beneplácito de las Fuerzas Armadas. Cuando los indígenas se quejan, inmediatamente son reprimidos”.

Para Alexander Luzardo, especialista en derecho político ambiental y autor de las normas ambientales de la actual Constitución Nacional: “gran parte del cianuro y mercurio contaminarían el Orinoco, el Delta sería afectado, además incrementarían los casos de dengue con las deforestaciones en la zona (…) Toda práctica de minería es incompatible con suelos frágiles”.

La deforestación causada por la minería ilegal en la región amazónica se estima en 1.100 km² al año, además de los cráteres que se cavan durante el proceso pueden llegar a medir 150 hectáreas de extensión y hasta 500 metros de profundidad, provocando a su paso el envenenamiento de la fauna silvestre.

Debemos evitar este ataque contra el ecosistema venezolano, que además atenta contra los derechos humanos de las comunidades aledañas a la zona. Es nuestro deber como sociedad preservar las riquezas de nuestro país y el medio ambiente, así como promover el desarrollo de alternativas sostenibles.